El HDLC se une a una iniciativa crucial para proteger a su personal. El pasado lunes 25 de agosto se formalizó un Protocolo de Trabajo Interinstitucional en el patio del Hospital Barros Luco Trudeau, un acuerdo que busca garantizar la seguridad de la Comunidad Funcionaria frente a agresiones.

Este protocolo, firmado por la Fiscalía Metropolitana Sur, el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) y los hospitales Dr. Exequiel González Cortés, Barros Luco Trudeau y HDLC, además del colegio Médico establece un marco de acción claro para la recepción y gestión de denuncias externas por delitos contra el personal de salud. El objetivo es fortalecer el respaldo directivo y jurídico que reciben los funcionarios y funcionarias agredidos.

El acuerdo se enmarca en las líneas de acción propuestas por la Delegación Regional Presidencial, enfocándose en la persecución penal efectiva de estos delitos. La ceremonia de firma contó con la presencia de destacadas autoridades, incluyendo:

• Edgardo Díaz Navarrete, Director del SSMS
• Héctor Barros, Fiscal Regional Metropolitano Sur
• Inés Araneda Aranda, Directora del Hospital Dr. Exequiel González Cortés
• Walter Keupuchur Meza, Director del Hospital Barros Luco Trudeau
• Mariano Moreno Boza, Director del HDLC
• María Crispi, Presidenta del Colegio Médico (COLMED)
• Héctor Valdés, General de Zona Este de Carabineros de Chile

Un Compromiso Firme por un Entorno Laboral Seguro

Nathalie Cataldo, Referente de Agresiones y Mesa de Seguridad del SSMS, destacó la importancia del protocolo. «Este compromiso viene a mostrar que se están haciendo cosas concretas en torno a lugares de trabajo más seguros y espacios de salud libres de violencia,» afirmó.

Según Cataldo, el acuerdo busca optimizar la gestión de las denuncias, garantizando que el personal agredido cuente con el respaldo institucional necesario «…marca el posicionamiento directivo de nuestros establecimientos en el respaldo y la preocupación en torno a la seguridad de la comunidad funcionaria y usuaria que se atiende en estos hospitales y además, tiene que ver con el respaldo jurídico e institucional a aquellos funcionarios que han sido agredidos». La colaboración con instituciones como la Fiscalía y Carabineros es fundamental, ya que «la salud es nuestra especialidad, no la seguridad».

Este protocolo también envía un mensaje claro a la comunidad funcionaria: no está sola. «Nuestra comunidad se va a dar cuenta de que no está abandonada,» agregó. El acuerdo establece medidas concretas para que los procesos de denuncia sean más fluidos y eficientes. En casos de flagrancia, por ejemplo, la coordinación con la Fiscalía permite una acción rápida, «ya que optimiza los tiempos y que también te permite una coordinación mucho más rápida y efectiva entre las instituciones», y facilitando una persecución penal efectiva.